En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Tribunal de Apelación del Caso Singue declaró la vulneración del debido proceso y anuló la sentencia.

Felipe Córdova, Luis Rivera y Daniella Camacho, jueces de la Corte Nacional, durante la lectura de la sentencia de apelación del caso Singue, el 10 de noviembre de 2022. - Foto: Cortesía / CNJ

Con la decisión tomada por el Tribunal, este 10 de noviembre de 2022, la sentencia de primera instancia contra siete personas, incluido el exvicepresidente Jorge Glas, queda sin efecto.

En la lectura del fallo, Rivera, juez ponente del caso, explicó que el informe de la Contraloría General del Estado (CGE) con el que se dio inicio al proceso fue declarado nulo. A través de dos sentencias, el Tribunal Contencioso Administrativo había anulado ese documento por extemporáneo.

Cuando el proceso penal por el caso Singue se inició, el 13 de marzo de 2019, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) exigía un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) emitido por la Contraloría como requisito para formular cargos en casos de peculado.

Pero, habiendo sido ese informe inválido, la Fiscalía no podía formular cargos por este tipo penal en contra de los procesados en esta causa. Por esta razón, Córdova dijo que el caso se declara nulo desde la audiencia de formulación de cargos. Y que se levantan todas las medidas cautelares dictadas previamente.

En este proceso, en enero de 2021, un Tribunal Penal sentenció a siete personas por delito de peculado. Entre los condenados están el exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, y los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.

El caso Singue

El caso Singue se centra en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo Singue, durante el Gobierno de Rafael Correa. Según la Fiscalía, los 15 procesados cometieron peculado. El perjuicio se habría producido al fijar un precio de USD 33,5 por barril producido, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero.

Estos hechos habrían provocado un perjuicio para el Estado de aproximadamente 28,4 millones de dólares.

Fuente: Primicias – Nota original: LINK