En NotiMundo A La Carta, René Zúñiga, secretario general de la Vicepresidencia, reveló que la vicepresidenta, Verónica Abad, está trabajando “sola” en Israel, debido a que la Cancillería no ha asignado a los tres funcionarios que debían formar parte de su equipo. Asimismo, informó que la institución, que hoy cuenta con 77 funcionarios, está reducida a lo “mínimo”.

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Desde que estalló el caso “Nene”, el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Francisco Barreiro Abad, guarda prisión preventiva en la cárcel La Roca, en Guayaquil, por presunta oferta de tráfico de influencias.

Ante esto, la Vicepresidenta está consultando los mecanismos legales para regresar al Ecuador, y evitar ser destituida por incumplimiento de funciones.

Legalmente Abad está sujeta a dos cuerpos normativos; la Ley Orgánica de Servicio Pública (LOSEP) por su función como Segunda Mandataria, y la Ley Orgánica de Servicio Exterior (LOSE) al estar como embajadora en Israel.

Según Zúñiga, para regresar al Ecuador, la Vicepresidenta necesita la autorización del presidente Daniel Noboa y de la canciller Gabriela Sommerfeld.

Al ser este un tema personal, Zúñiga desconoce si se ha presentado la solicitud.

Reestructuración en la Vicepresidencia

El pasado 24 de noviembre, Daniel Noboa firmó un decreto en el que ordenó la reestructuración de la Vicepresidencia.

Para que se aprobara el cambio en la institución, Zúñiga explicó que fue necesario cesar en funciones a quienes estaban al frente de cargos de nivel jerárquico superior.

En esta lista constaba el actual denunciante del caso “Nene”, y a quien se le habría ofrecido la Coordinación de Comunicación a cambio de USD 2 mil.

La reestructuración causó también que de 11 funcionarios, la Vicepresidencia cuenta ahora con 77, y que de estos se evalúe la plantilla mínima que garantice el óptimo funcionamiento de la cartera de Estado.

“Pensar que como Verónica Abad está fuera del país la Vicepresidencia tiene que estar cerrada…jamás. Hay procesos de arrastre, y otros pendientes”, declaró.

Actualmente se siguen despachando casos administrativos como pagos, convenios, planificación, y comparecen ante los juzgados por demandas de anteriores funcionarios y acciones de protección.

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