El presidente Guillermo Lasso envió al Registro Oficial la nueva Ley de Comunicación la que entrará en vigencia tras su publicación. Esta normativa reemplazará a la conocida “ley mordaza”, aprobada en 2013. En Notimundo A La Carta, Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), cuestionó algunos de los artículos que establece el texto y aseguró que “con ley o sin ley” los intereses de actores de la vida social “van a buscar problemas con los medios de comunicación”.

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La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Comunicación busca reforzar algunas medidas para los medios y establecer transformaciones dentro de los medios públicos. El director ejecutivo de la AEDEP, Francisco Rocha, aseguró que esta normativa “no exactamente” garantizará la libertad de expresión para los comunicadores, pero permitirá “no tener intromisiones” en el ejercicio de la misma.

Rocha señaló que, a través de la Constitución y tratados internacionales de los que forma parte el Ecuador, el país debería de tener, con el ejercicio de la Ley de Transparencia, “una libertad  máxima” de expresión en los medios. Criticó la intención de la normativa de “condicionar” el trabajo de los comunicadores y modificar el concepto de opinión como un mecanismo de comunicación, porque “no es un producto de información, al cual se lo puede poner límites”, es el derecho individual del ciudadano de expresar su punto de vista, precisó Rocha.

El representante de la AEDEP, discrepó con el nuevo mecanismo, que reemplaza las sanciones ejercidas por el Estado hacia comunicadores, en caso de cometer alguna infracción, por el cumplimiento obligatorio de talleres temáticos, lo que calificó de “dádiva generosa” para adoctrinar a los profesionales. Agregó que “con ley o sin ley” los intereses de los actores de la vida social del país “van a buscar problemas con los medios de comunicación”,  y más aún con la amenaza de “grupos delincuenciales” que dificultan el ejercicio eficiente de la comunicación para mantener sus intereses, lo que representa un “peligro” para la vida de los profesionales que busca informar y dar respuestas a la ciudadanía sobre las principales problemáticas en el país.

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