Paúl Carrasco, prefecto del Azuay y líder del Movimiento Podemos; Pamela Aguirre, miembro del Colectivo Rafael Contigo Siempre; y Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, en el análisis semanal de Más Allá de los Hechos con Estéfani Espín, se refirieron al tablero político rumbo a las elecciones presidenciales de 2017.

Paúl Carrasco afirmó que esperarán hasta el 31 agosto para que todos los movimientos y partidos políticos que conforman La Unidad presenten las precandidaturas, las cuales podrían ser tanto del interior de la agrupación como fuera de la misma. Esto para, de esta forma, definir hasta el 30 septiembre el binomio que representará a esta organización que está conformada por el Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Suma, Juntos Podemos, entre otros.

Carrasco señaló que creen necesario construir una propuesta que vaya más allá de La Unidad, no únicamente para ganar las elecciones sino para gobernar y  construir una agenda de cambio a nivel nacional. «Lo que le hace falta a Ecuador es precisamente acuerdos», dijo el funcionario, quien comentó que es importante mantener  diálogos con Acuerdo por el Cambio, que aglutina a organizaciones y partidos políticos de centro e izquierda. «Ellos también creen que la convergencia es una opción de gobernabilidad para Ecuador», enfatizó.

Asimismo, el Prefecto indicó que desde La Unidad ya encontraron un acuerdo de agenda Legislativa para 2017 y tienen claro la forma en que se armará las listas para asambleístas provinciales. «Deberíamos, por el principio de gobernabilidad, dividir el territorio y los sectores políticos que son fuertes en diferentes regiones para que comanden las candidaturas en esos lugares. Esa es la lógica y para ello es importante que otras fuerzas políticas se unan a los principios básicos de la organización», explicó.

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De su lado, Pamela Aguirre señaló que su propuesta busca dar la posibilidad al presidente de la República, Rafael Correa, de ser candidato en las próximas elecciones. Esa posibilidad, aseguró, está amparada en el artículo 441 de la Constitución que permite realizar un referéndum por iniciativa ciudadana mientras se tenga el 8 % de firmas del padrón electoral. «Es la única vía que tenemos los ciudadanos para cambiar la Constitución y para derogar la disposición transitoria aprobada por la Asamblea Nacional», dijo.

Asimismo, Aguirre dijo que uno de los argumentos para solicitar la derogatoria de la disposición transitoria de la enmienda a la Constitución que impide la candidatura del actual mandatario, es que el artículo 061 de Constitución otorga a los ecuatorianos los derechos de elegir y ser elegidos. «Y en el momento en que se restringe esa posibilidad evitando la postulación de una candidato se están vulnerando derechos, y los ciudadanos no sienten que están ejerciendo plenamente su participación ciudadana», dijo la vocera, quien afirmó que desde el colectivo buscan que la postulación indefinida no sea desde 2021, como dice la transitoria, sino desde 2017.

Mientras tanto, Rafael Oyarte afirmó que realizar una consulta popular para derogar la disposición transitoria de la enmienda a la Constitución es muy complicado por los tiempos. Esto porque las inscripciones de candidaturas para las elecciones se realizarán en octubre, y para ello se debería tener la proclamación de resultados antes de esa fecha. «Para realizar la consulta popular se deben entregar las firmas validadas a la Corte Constitucional, que dará un segundo dictamen favorable. Con ese dictamen el Consejo Nacional Electoral convocará al proceso electoral. Habría que hacer magia para tener una consulta popular en septiembre y resultados en octubre», comentó.

Oyarte señaló, además, que las reelecciones o prohibiciones de reelección no aumentan ni reducen derechos. «Si el sistema de reelección indefinida fuera el correcto por aumentar derechos, simplemente no tendríamos sistemas  constitucionales donde se prohíbe la reelección como el caso de Paraguay y México», dijo el experto, quien afirmó que para controlar la instauración de dictaduras de partidos, los estados deben tener órganos de justicia y electorales que mantenga dentro del marco de la Ley a los políticos.