La violencia no puede ser combatida con más violencia, es el criterio de Luis Saavedra, coordinador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – Inredh. Por el contrario, explicó que se deben hacer reformas integrales a la Justicia, para que sea el Sistema quien se encargue de castigar a los que atentan contra la integridad física de los ciudadanos.

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En Notimundo al Día, Luis Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh, manifestó que una respuesta armada para combatir la violencia no es la solución para los problemas que atraviesa el país en esta materia. Esto respecto a las declaraciones que hiciera en días pasados la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sobre que la fuerza pública debe tener la orden de disparar a los delincuentes cuando estén poniendo en riesgo la vida de otras personas.

Para Saavedra, las palabras de Viteri se enmarcan en el inicio de su campaña electoral, con miras a su reelección. Citó que en el caso de El Salvador, por ejemplo, donde el presidente Nayib Bukele tomó medidas extremas contra los grupos delincuenciales y las personas privadas de la libertar, se trató de un acuerdo del Mandatario con esas organizaciones, previo a las elecciones que definirían el futuro de la Asamblea de ese país.

Asimismo, se refirió a la situación por la que atravesó la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde se desató una guerra en las favelas que pretendía terminar con el crimen y la violencia, pero el resultado estuvo lejos de llegar al objetivo y lo que se obtuvo fue la muerte de 1.200 policías jóvenes de primera línea. «Los que mueren son los policías y los ciudadanos que se quedan en medio de las balas», añadió.

Por ello, Saavedra señaló que se deben aplicar medidas integrales que permitan reducir los índices de violencia y se garanticen los derechos, tanto de los ciudadanos como de los procesados por todo tipo de delitos. «Se presentaron recomendaciones desde la Comisión de Pacificación y es el Gobierno quien ahora debe aplicarlas», sostuvo Luis, al tiempo que consideró necesario que se ataque el origen del problema, como la pobreza y desigualdad que coadyuvan para que los jóvenes sean reclutados en grupos delictivos.

Otra alternativa que planteó es la legalización de ciertas drogas, replicando los mecanismos que han aplicado otros países, para quitar el negocio del narcotráfico de los carteles que operan en Ecuador y el dinero llegue a las arcas del Estado. «Tenemos que empezar a pensar diferente, para poder reducir las muertes violentas y la guerra que se está dando por el control territorial», apuntó. Sin embargo, enfatizó en que esto debe estar acompañado de políticas de salud pública y con creación de oportunidades, para que no desemboque en un nuevo problema como la drogadicción.

De igual forma, expresó que se debe exigir que funcione el sistema judicial para que se sancione a quienes atenten contra la vida y la integridad, pues dar rienda suelta a la violencia solo traerá nuevos problemas relacionados con el abuso de la fuerza. “Los derechos humanos son para todas las personas”, puntualizó.

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