En NotiMundo Estelar, Robert Friend, abogado de Raúl González, habló sobre la resolución de la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, que anuló la designación de du defendido como nuevo Superintendente de Bancos. Friend calificó a esta acción como una “injerencia de corrupción judicial” y afirmó que se “están buscando las garantías jurisdiccionales para resolver en los juzgados y tribunales lo que no pueden resolver en lo político”.

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Robert Friend anunció que no solo presentarán un recurso de apelación a la decisión de la magistrada Larissa Ibarra, sino que también pedirán a la Corte Provincial de Justicia de Guayas que declare un ‘error inexcusable’ en contra de la jueza. “Este sería el segundo que tendría Ibarra porque también ha sido denunciada por el Director Nacional de la Comisión de Tránsito y por el alcalde de Samborondón, debido a varias irregularidades”, dijo Friend.

A estas acciones se suma una denuncia por asociación ilícita y posible paralización de servicios públicos que también presentará la defensa de Raúl González. “Recordemos que la Asamblea también es una institución que brinda servicios públicos y las personas que obstaculizaron, en su momento, la posesión de González, van a tener que responder por ser coautores de estas acciones de protección para paralizar un servicio público”, enfatizó Friend.

Para la elección del Superintendente de Bancos, el presidente Guillermo Lasso envía una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sobre esto, González resaltó que “cuando el Primer Mandatario da su confianza al proponer tres nombres para que pasen al concurso, se entiende que hay un proceso, un filtro y monitoreo de cada uno de los perfiles”. Sin embargo, durante el proceso, dos candidatas de la terna recibieron impugnaciones y González fue el único que pudo llegar a la etapa final y desde donde comenzaron las observaciones.

Para Friend hubo una inobservancia del operador político delegado por el Ejecutivo para monitorear el proceso, desde la designación de la terna, lo cual ha repercutido, según dijo Friend, en la posesión de González. “Se quiere trasladar su responsabilidad a Raúl González, por ese motivo, comenzó una campaña de desprestigio en su contra, lo tacharon de correísta, de que estaba involucrado en el caso Sucre, que tenía un contrato en ejecución con el Estado y todo eso fue mentira”, indicó Friend y agregó que el haber calificado esta acción de protección y haber adoptado esta medida cautelar para que no se posesione González en la Asamblea, implica una violación directa de los derechos de participación ciudadana de su defendido que no fue impugnado por la ciudadanía.

Finalmente, puntualizó en que hay una persona que está siendo utilizada por otros intereses para poder “fraguar algunas circunstancias” que se están verificando para que Raúl González no sea el superintendente de Bancos.

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