En NotiMundo a la Carta, la ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que las fuerzas de orden público se encuentran desmantelando a las organizaciones criminales que usufructúan de la minería ilegal en Buenos Aires.

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La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que las operaciones de control en Buenos Aires se desarrollan con normalidad. Crédito: Secom

Este lunes 1 de julio, el presidente, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en la parroquia de Buenos Aires, Imbabura; debido a que varios grupos armados dedicados a la minería ilegal tomaron el control de la zona.

En este contexto, la madrugada de este 2 de julio, el Gobierno emprendió un operativo policial y militar sorpresa denominado ‘Nuevo Amanecer’, para desalojar a las personas que se habían asentado alrededor de las minas.

Según la ministra del Interior, María Paula Romo, este operativo se lleva a cabo sin presentar mayor problema. «Hemos encontrado algunas personas que han intentado resistirse al desalojo, pero todo se ha manejado de acuerdo a la planeado«, explicó Romo.

NotiMundo pudo constatar que las fuerzas del orden público ingresaron a la zona y se encuentran realizando operativos de control. También, los moradores del sector manifestaron que, desde su perspectiva, esta inmersión policial y militar es positiva, pues su mayor interés es que «vuelva la paz y tranquilidad a nuestra parroquia».

Incluso, los habitantes aseguraron que desde que los grupos dedicados a la minería ilegal entraron al sector, los niveles de inseguridad y delincuencia crecieron de manera descontrolada. «A veces teníamos que pagar hasta USD 500 para que no nos amenacen», informó una de las moradoras de Buenos Aires.

La ministra Romo informó que efectivamente existen grandes redes de extorsión, mafias y crimen organizado que forman parte de la «economía ilegal» que se desarrolla alrededor de la extracción ilícita de minerales.

«Hemos detectado prácticas de grupos mafiosos que cobran ‘vacunas de seguridad’ a los pobladores. Este tipo de negocio se aprovecha de la riqueza de Imbabura y la gran cantidad de dinero e intereses que hay de por medio hacen que sea muy difícil de controlarlo«, explicó Romo.

Por este motivo, como parte del estado de excepción, el Gobierno restringe algunos derechos dentro de la zona como la libertad de movilidad y asociación. Esto para evitar que más personas se asienten en Buenos Aires. «Esta parroquia tiene 1 800 habitantes y, en los últimos meses, han ingresado alrededor de 10 mil personas a afectar su tranquilidad», enfatizó la Ministra.

Romo aseguró que aun cuando al principio la operación de las fuerzas de orden puede causar molestia a los moradores, esta intervención gubernamental es necesaria para desmantelar al crimen organizado y recuperar el control de la parroquia.

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