La empresa Petrolia Ecuador S.A. presentó, ante el Ministerio de Energía y Minas, la notificación de "Controversia e inicio de negociaciones directas bajo los Contratos Modificatorios a Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Petróleo en los bloques 16 y 67 en el Oriente ecuatoriano". En Notimundo al Día, Alberto Acosta Burneo, analista económico, señaló que es preocupante que el país caiga, en una nueva ocasión, en este tipo de arbitrajes internacionales.

ALBERTO ACOSTA BURNEO
Créditos: Twitter Alberto Acosta Burneo

En Notimundo al Día, Alberto Acosta Burneo, analista económico, explicó que todavía no se pueden adelantar criterios sobre si este conflicto representaría una nueva pérdida millonaria para Ecuador, pero es lamentable que nuevamente el país se enfrente a un proceso de este tipo, que en el pasado han resultado «muy caras» para el Estado. «Tenemos una historia larga de irrespeto de contratos«, acotó.

Recordó que en 2006, el gobierno del expresidente Alfredo Palacio creó un impuesto a las ganancias extraordinarias del 50% y que fue posteriormente fue incrementado al 99% por Rafael Correa. Esa decisión costó al país una indemnización de USD 448 millones para Perenco. Lo mismo ocurrió con la caducidad del contrato de la compañía Occidental (Oxy) que costaron otros USD 980 millones por indemnización.

Acosta criticó que este constante irrespeto a los contratos ha representado millonarias pérdidas de los recursos nacionales, que hubiesen podido servir para áreas como salud y educación. «Esperemos que este no sea el caso», apuntó el analista, pues todavía existen alternativas de consenso, ya que Petrolia está pidiendo que no se interrumpa el proceso de renegociación del contrato, lo que evitaría un nuevo arbitraje que termine dándole la razón.

En este sentido, cuestionó las intenciones que existen detrás de la intención de revertir el contrato por parte del Gobierno, pues desde febrero de 2021 existen 24 solicitudes de migración y renovación de contratos, las cuales no han sido atendidas. «¿Quién quiere participar en esa futura licitación?», se cuestionó el experto y cuestionó los intereses que existen por parte del Estado para no dejar operar a la empresa actual. «Esto me deja muchísimas dudas», sostuvo.

Consideró que si se lleva adelante la medida, la encargada de las operaciones sería la estatal Petroecuador, que al momento «no tiene ni la capacidad técnica ni los recursos económicos» para asumir mayores responsabilidades de las que ya tiene.

«Lo que se necesita es mayor inversión petrolera, no que se entreguen activos al Estado; para producir petróleo no es suficiente con tener fierros, sino se necesita inversión permanente y tecnología», puntualizó.

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