Según Zapata, de los 286 uniformados, el mayor número de casos se dio en 2022, con 168 servidores. El ministro indicó que hay un caso, ese mismo año, en el que fueron cesados de la institución 4 servidores policiales quienes participaron en el delito de tráfico ilícito de drogas.
Y ahora, en 2023, un juez de garantías constitucionales de Guayas dejó sin efecto la resolución con la cual fueron cesados y ordenó la reincorporación a las mismas funciones que cumplían antes de ser separados. “Me parece inaudito, es una bofetada y una barbaridad jurídica”, expresó Zapata a la vez que detalló que los uniformados regresaron al área de antinarcóticos, es decir, en donde estaban antes de ser sancionados.
En este marco, Zapata denunció que no solo se ordena la reincorporación, sino también los sueldos y beneficios. Por ejemplo, en 2008, un magistrado dispuso el reintegro de dos servidores policiales, uno de ellos no se presentó a la institución policial y fue dado de baja por ausencia ilegal. Luego de 15 años, otro magistrado del cantón Rumiñahui ordenó nuevamente la reincorporación de este servidor, más su reparación integral, es decir, “los 15 años de suelo que supuestamente le debía la Policía”, lamentó Zapata y agregó que se niega a creer que estas disposiciones tengan que cumplirse.
.@CapiZapataEC: «Un juez de garantías constitucionales de Guayas deja sin efecto la resolución con la cual los policías fueron cesados y ordena la reincorporación a las mismas funciones que cumplían antes de ser separados; es inaudito, es una bofetada y una barbaridad jurídica».… pic.twitter.com/HuIH0gqYY5
— NotiMundo (@notimundoec) June 28, 2023
Además, el ministro del Interior detalló que se trata de jueces de Guayas, Pichincha y El Oro. “En Pichincha se han dispuesto más procesos judiciales con una reincorporación total de 103 policías, la que le sigue es la provincia de Santo Domingo con 51 casos y la provincia de Guayas con 36 casos”, detalló.
Finalmente, indicó que las autoridades van a poner las denuncias e impugnaciones que correspondan debido a que hay una resolución de la Corte Constitucional en el tema de prevaricato.
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