El Partido Social Cristiano (PSC) presentó en la Asamblea el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En Notimundo al Día, la legisladora Marjorie Chávez aseguró que el objetivo es que los gobiernos locales tengan mayores recursos para la ejecución de obras en territorio.

Créditos: Asamblea Nacional

En Notimundo al Día, Marjorie Chávez, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), recordó que esta reforma fue parte de los ofrecimientos de campaña, y que lo que se busca es incrementar las asignaciones presupuestarias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), así como la completa ejecución de los fondos que se entregan.

Explicó que del presupuesto general del Estado, que bordea los USD 34 mil millones, apenas se entregaron USD 1800 millones para los GADs y, luego de una serie de críticas y cuestionamientos, se incrementó el monto a un poco más de USD 3000 millones. Sin embargo, hasta el momento se ha ejecutado el 9% de la cifra, es decir, USD 300 millones. «Se esperaría que al menos se ejecute la mitad del presupuesto», apuntó.

Chávez señaló que en la Constitución se establece que el Gobierno es el encargado de gestionar los recursos de forma concentrada y descentralizada, es decir que la reforma planteada por la tienda política es «perfectamente viable», pues permite mayor participación de los gobiernos locales en obras que son para sus territorios.

El proyecto propone que los 221 municipios, 23 prefecturas y 823 juntas parroquiales del país reciban, a partir de 2023, un dólar más de cada 10 que ingresan de forma permanente, como en el campo petrolero, y USD 2 más por concepto de tributos. Se recordó, además, que los nuevos fondos no podrán ser utilizados en gasto corriente ni para obras ya existentes, sino para la ejecución de obras de infraestructura que no han sido realizadas por el Gobierno Nacional.

Además, recordó que se harán mecanismos de control, pues los recursos serán depositados en una cuenta adicional y especial en el Banco Central del Ecuador, la cual será abierta por los organismos seccionales para que se puedan hacer los exámenes pertinentes por parte de los entes de control, como la Contraloría General del Estado.

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