Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que dentro de las observaciones a la Ley de Atracción de Inversiones se han declarado prohibiciones expresas para evitar privatizaciones en servicios como la educación y la salud. Además, aseguró que se está poniendo especial cuidado a su tratamiento, para beneficio del país.

Confiscación de dinero y bienes a los corruptos
Imagen referencial - Shutterstock

En Notimundo al Día, Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, aclaró que es una facultad constitucional la delegación a empresas privadas para la construcción de infraestructura y administración de ciertos servicios. En ese sentido, señaló que en las áreas de salud, educación, seguridad y justicia estará garantizada la gratuidad.

Andrade enfatizó en que la delegación se realiza en distintas actividades, como los cobros de peaje o la recolección de basura, pero siempre se debe velar por que los contratos cumplan las condiciones y los lineamientos estén dentro del marco constitucional.

No obstante, Andrade reconoció que las inversiones «no vienen por Ley», sino que son atraídas donde existe «institucionalidad, respeto y seguridad, en todos los ámbitos, incluida la jurídica; pero lamentablemente en el país eso no ocurre». Donde sí se podría generar expectativa es en el área tecnológica y vial, añadió la asambleísta.

Finalmente, indicó que se ha puesto énfasis especial al interior de la Comisión de Desarrollo Económico para que esta Ley sirva para las inversiones, así como para que «el patrimonio del Estado no se lo pierda». Este proyecto económico urgente, si no es tratado como se debe, entrará de igual forma por el ministerio de la Ley, recordó Andrade, al tiempo que señaló que su trabajo al interior de la mesa legislativa ha sido serio, planificado y técnico para que sea beneficiosa para el Ecuador.

Escucha la entrevista completa: