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Yeseña Guamaní, asambleísta por la Izquierda Democrática, indicó que el enjuiciamiento político en contra de Freddy Carrión es una consecuencia de los hechos ocurridos entre el 15 y 16 de mayo pasados, cuando él acudió a una reunión social realizada en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconí, disponiendo, además, de recursos del Estado ecuatoriano.

Salim Zaidán, abogado Constitucionalista, manifestó que es “complejo” lo que está pasando en el caso de Jorge Yunda desde el punto de vista jurídico y político. Añadió que el auto de ejecución del Tribunal Contencioso Electoral, que indicó que la resolución ya se cumplió, abona a la “inseguridad jurídica y a la incertidumbre”. Además, dijo que habría esclarecido la situación de la capital si es que se especificaba en el mismo comunicado, si Santiago Guarderas debería ser restituido al cargo de Alcalde de Quito.

Hernán Pérez Loose, analista político hizo una revisión a la gestión del Presidente Guillermo Lasso y afirmó que dentro de la cultura ecuatoriana está el no reconocer lo positivo de las gestiones presidenciales. Señaló que la firmeza de Lasso es necesaria para el país.

Stalin Raza, abogado del defendor el Pueblo, Freddy Carrión rechazó la decisión del Juez Luis Rojas de llamar a juicio a Carrión como presunto autor del delito de abuso sexual. Para Raza, la decisión responde a temas políticos.

El Vicepresidente Nacional de la Cedocut, Edwin Bedoya, afirmó que la movilización prevista para este miércoles a nivel nacional es para exigir que el Gobierno abra el diálogo con los sectores sociales y haga cambios en las decisiones socio-económicas.

María Brown, Ministra de Educación, aseguró que el Decreto Ejecutivo 145 es un hito en el cumplimento de las metas del Gobierno en materia económica. Explicó que el mandato simplificará los trámites y procesos en el Sistema Nacional de Educación, con el objetivo de que se facilite la elección libre de diferentes modalidades educativas, y que sea enmarcado en el actual contexto de la pandemia de Covid-19.

Santiago Guarderas indicó que la acción de protección, presentada ante la Corte Constitucional, es una herramienta legítima que “tiene por propósito poner fin a un fallo írrito”, al que calificó como una “aberración jurídica” porque, según dijo, “rompe” toda norma y principio legal. Aseguró que tiene que ser anulado por la Corte Constitucional, al ser el máximo organismo de control constitucional en Ecuador.

Polibio Córdova, director de la encuestadora CEDATOS, indicó que, de acuerdo con una investigación realizada entre el 2 y el 5 de agosto pasado, la aprobación al presidente de la República, Guillermo Lasso, se ubica en el 73,5%; mientras que la aceptación de su Gobierno está en el 78,4%. El estudio se cumplió en hogares, a 1.816 personas de 16 años en adelante, en 23 provincias, áreas urbanas y rurales. El nivel de confianza de 95% y el margen de error de 3,4%.

Gremios sociales y productivos de Quito participaron desde las 16:30 de este 10 de agosto una marcha denominada “10A Todos por Quito” con el objetivo de pedir a la Corte Constitucional que resuelva las dos sentencias contradictorias que provocaron en la Alcaldía conflictos de poderes entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas.

Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación de la Presidencia, manifestó que el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación recoge todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos a favor de los comunicadores y periodistas. Añadió que la normativa “busca dejar atrás un pasado en el que se utilizaba la 'ley mordaza', para a través de organismos de regulación, control y sanción, perseguir a periodistas que opinaban distinto al gobierno e infundir miedo a los ciudadanos”.