En NotiMundo a la Carta, Emilio Suárez, abogado constitucionalista, aclaró que dentro de las recomendaciones del informe de la CIDH sobre las protestas de octubre, también se exhorta al Estado a investigar los delitos y actos vandálicos.

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El pasado martes 14 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe sobre los hechos del paro nacional; en el que se incluyen 11 recomendaciones al Estado ecuatoriano y se constata un uso excesivo de la fuerza pública. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado las conclusiones de la CIDH y ha calificado el informe de sesgado y poco objetivo.

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Emilio Suárez, abogado constitucionalista, aseguró que la CIDH no es un organismo político ni ha tomado posiciones a favor o en contra de ningún actor de las manifestaciones. Sin embargo, la función del organismo interamericano es “tutelar los derechos de las personas, no del Estado“.

Suárez explicó que si bien el informe insta al Ecuador a respetar el derecho a la protesta y expone casos de uso excesivo de la fuerza pública; también exhorta a las instituciones a investigar y dictaminar responsabilidades de los delitos y actos vandálicos cometidos.

Además, afirmó el constitucionalista, el Ecuador debe cumplir con las sugerencias de la CIDH; no solo por estar adscrito al Sistema Interamericano, sino, también, porque todas las recomendaciones que se brindan son obligaciones constitucionales del Estado. “Investigar delitos y proteger los derechos son deberes estipulados en la Constitución”.

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