Después del violento asesinato a plena luz del día de Mariana Granja, en el norte de la ciudad de Quito, a manos de un ciudadano venezolano; el presidente, Lenín Moreno, instó a la Asamblea Nacional a dar celeridad al tratamiento de las reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Lee también: El asesinato de Mariana Granja “no debe llamar a la xenofobia y el odio”
Eliseo Azuero, asambleísta por el BADI, afirmó que es imperativo reformar la Ley Migratoria; porque permite que cualquier extranjero, sin importar los antecedentes penales o económicos, pueda ingresar y circular libremente por el país. «En cualquier lugar del mundo, se pide una bolsa económica mínima para no apretar al mercado laboral».
Sin embargo, aseguró Azuero, aun cuando la Ley de Movilidad se reforme, las políticas públicas y reglamentos para ejecutar un control migratorio efectivo seguirá siendo responsabilidad del Gobierno y los ministros de Estado. «El reglamento es privativo del los diferentes niveles del Ejecutivo; que tiene que hacer lo que tiene que hacer para cumplir con el cometido social de los ecuatorianos».
.@EliseoAzueroR: »No se debe permitir que cualquier persona ingrese por nuestras fronteras.» #NotiMundoalaCarta #LeydeMovilidad pic.twitter.com/WrIf7evesK
— NotiMundo (@notimundoec) February 5, 2020
Por este motivo, enfatizó el Asambleísta, la Comisión de Fiscalización ha llamado a comparecer a la Ministra de Gobierno, María Paula Romo; al canciller, José Valencia; entre otras autoridades, para establecer responsabilidades sobre la falta de control a la migración irregular.
#ExclusivasNotiMundo | @EliseoAzueroR, asambleísta por el BADI, aseguró que es necesario reformar la #LeydeMovilidadHumana, pero es responsabilidad constitucional del Ejecutivo aplicar y ejecutar reglamentos para una #migracióncontrolada. #FmMundoLive >> https://t.co/cot5xZRh9u pic.twitter.com/wyKNljgFMj
— NotiMundo (@notimundoec) February 5, 2020
Por otro lado, Azuero explicó que dentro de las reformas a la normativa migratoria, se debe establecer un tiempo máximo en el que los ciudadanos extranjeros puedan beneficiarse de los servicios públicos ecuatorianos, como la salud. Además, se plantea que si un foráneo ha cometido un delito en su país de origen, se le prohíba el ingreso al Ecuador.
Escucha la entrevista aquí:
