Johanna Moreira, vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), indicó que la ley otorga 180 días al Pleno de la Asamblea Nacional para pronunciarse respecto a los proyectos de reforma enviados por el Ejecutivo. Precisó que las dos funciones del Estado mantienen el interés de implementar cambios en el sistema nacional para beneficio de los ecuatorianos, pero señaló que los cuerpos legislativos que se dispongan deberán ser bien atendidos para que no pierdan eficiencia en los siguientes años.

Créditos: Twitter Asamblea Nacional

Este martes, 17 de agosto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y solicitó al Pleno su aprobación urgente. Aseguró que la propuesta atiende el sueño de miles de jóvenes que fue truncado por una Ley «caduca y discriminatoria».

En NotiMundo Estelar, Johanna Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática y vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), explicó que después de que el proyecto sea remitido al CAL, la Unidad Técnica Legislativa deberá realizar un informe para identificar si carece o no de inconstitucionalidades; posterior a ello, pasaría a la Comisión especializada para avocar conocimiento en un plazo de 90 días y realizar otro informe que se elevaría al Pleno del Legislativo para que sea sometido a primer debate; a partir de ello y con las respectivas correcciones se integra un nuevo informe para el segundo debate y se somete a votación en la Asamblea.

En ese sentido, aclaró que, pese a las intenciones, del Estado para reestructurar el sistema educativo, las acciones se deben ejecutar de manera adecuada para garantizar que las reformas normativas atiendan las problemáticas reales del país.

Agregó que el CAL también tiene la obligación de atender los proyectos rezagados del anterior periodo legislativo.

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