En NotiMundo al Día, Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad, señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha sido planteado hasta el 2030; el principal reto es que la seguridad sea integral e involucre a la ciudadanía, autoridades, y no solo a la Policía Nacional.

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Según el Ministerio de Gobierno, “Ecuador ha disminuido de forma considerable los niveles de delincuencia en los últimos años, aspecto reflejado en indicadores como el de homicidios intencionales , situándose, en el año 2017, como el segundo país con la menor tasa de homicidios de América Latina“. Desde ese año hasta el 2019, las cifras dieron un giro.

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Sobre el tema, en NotiMundo al Día, Fausto Salinas, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, dio a conocer que, entre las primeras evaluaciones, otro de los ejes de infracciones recurrentes en donde existió un incremento es sobre los siete delitos que están agrupados en el cuadro de mando integral, entre ellos: robo a personas, accesorios, vehículos, domicilios, etc. Todos tuvieron un crecimiento del 4% en 2019.

Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad, sostuvo que desde esa Cartera de Estado se ha creado un sistema que brinda varias cifras de delitos que se comenten en el país; estos números son interpretados para determinar acciones.

Manifestó que el objetivo del Plan también incluye dar a conocer que la responsabilidad  de la seguridad no tiene que ver únicamente con la Policía Nacional, sino con todas autoridades que están inmersos en el tema. 

Expuso que el Ministerio de Gobierno ha determinado que las provincias en donde se presentan mayor número de delitos son: Guayas, Pichincha, Manabí, El Otro y Los Ríos. 

Añadió que en el país hay alrededor de 51 mil policías; sin embargo, el modelo que se maneja en Ecuador, hace ver a esta cantidad deficiente. 

Por otro lado, señaló que existe un cifra “negra” con respecto a cuántos ciudadanos venezolanos se encuentran en el país; son personas que no han ingresado por los pasos fronterizos oficiales. 

Con la intención de tratar de identificar no solo la condición migratoria de extranjeros, sino también posibles delitos e infracciones, el Gobierno alista controles a partir del 10 de febrero.

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