Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito Jorge Yunda, deberá regresar a Ecuador hasta el próximo 21 de abril, para cumplir con la primera presentación periódica dispuesta por el juez Máximo Ortega en el proceso de presunta asociación ilícita.

Créditos: Facebook Sebastián Yunda

El proceso que enfrenta Sebastián Yunda es por presunta asociación ilícita, en el marco de una investigación de presunta corrupción durante la administración municipal de su padre, Jorge Yunda. En Notimundo al Día, Édgar Molina, abogado de Sebastián Yunda, aseguró que con el pago de la fianza por USD 20.000, su defendido volverá para presentarse ante la justicia, una vez que el juez Máximo Ortega levantó la orden de prisión que pesaba en su contra.

Yunda huyó a Argentina tras revelarse chats en su teléfono que lo vinculaban con el presunto delito de asociación ilícita, con funcionarios del Municipio de Quito. Sin embargo, su abogado asegura que su defendido no incurrió en dicho crimen, y que aquello quedó demostrado con la ratificación de la inocencia de los otros procesados en el caso.

«La caución es una medida amparada en nuestra legislación, por lo que el juez la ha otorgado con el único fin de que se presente ante la justicia y rinda cuentas de los presuntos hechos, los cuales ya se desmoronaron en una audiencia de juicio», apuntó.

Aunque Yunda debe presentarse en la Unidad Judicial de Pichincha, entre las 08:00 y las 17:00 del viernes 21 de abril, Molina explicó que primero se debe comunicar por parte del juez al tribunal, el cual deberá establecer fecha y hora para la audiencia de juzgamiento.

Así mismo, rechazó que la Fiscalía General del Estado haya acusado a Yunda por los supuestos delitos de asociación ilícita que habrían derivado en tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, pues al no ser un funcionario público no se lo podía imputar por esos hechos.

«Nosotros manifestamos desde un inicio que la Fiscalía equivocaba su acusación», dijo y afirmó que todos los ingresos de Yunda estaban debidamente justificados.

Dato

La Fiscalía acusó a Yunda de presuntas irregularidades en dos contratos para la compra de cámaras de videovigilancia por USD 1,7 millones, firmados por la empresa pública Emseguridad.

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